La madre del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, María Cecilia Sánchez Romero, alzó la voz este jueves en defensa de su hijo y de decenas de privados de libertad que, según ella, están siendo sometidos a un régimen que “viola la dignidad humana” en los centros de alta contención del país.
Sánchez, quien fue ministra de Justicia durante la administración de Luis Guillermo Solís, calificó de “delirantes” y “denigrantes” las medidas impuestas recientemente por la administración penitenciaria, las cuales —según denunció— se aplican tanto a personas ya condenadas como a quienes se encuentran en prisión preventiva.
“Lo que está ocurriendo no es parte de la sanción legal. Es una forma encubierta de castigo adicional, sin base jurídica, y podría considerarse una modalidad moderna de tortura institucional”, aseguró frente a varios medios tras acudir brevemente al juicio por tráfico de influencias que enfrenta su hijo, junto con otros dos exfuncionarios.
Visitas restringidas, llamadas limitadas y alimentación controlada
Según explicó la exjerarca, una reciente circular administrativa cambió el reglamento penitenciario y redujo de forma drástica las posibilidades de contacto de los reclusos con el mundo exterior:
- Solo se permite una visita al mes,
- El ingreso de una sola persona,
- Menores de edad no pueden entrar,
- Las llamadas telefónicas se restringieron a 10 minutos semanales,
- Y únicamente puede enviarse una comida al mes desde el exterior.
Para Sánchez, estas condiciones no solo alejan a las personas de su entorno familiar y emocional, sino que también entorpecen cualquier posibilidad de reinserción social: “¿Qué clase de ciudadanía puede construirse en aislamiento extremo?”, se preguntó.
“Esto podría ser delito de tortura”
La exministra fue tajante al señalar que las condiciones actuales en estas cárceles podrían calzar dentro de lo que el derecho internacional describe como entornos torturantes. “Se está castigando más allá de lo que la ley permite. Y eso, en una democracia como la nuestra, es absolutamente imperdonable”, enfatizó.
Sánchez también advirtió que el trato que reciben al menos 80 privados de libertad —además de su hijo— “constituye un riesgo grave para el Estado de Derecho”, pues convierte la prisión preventiva en una forma de sufrimiento añadido.
“Hoy es mi hijo, mañana puede ser cualquiera”
En un tono más reflexivo, la exministra recordó que los derechos humanos no están reservados únicamente para los inocentes. “No se trata de defender a quienes han cometido delitos, sino de proteger principios fundamentales. Porque si se permiten abusos hoy, nadie está a salvo mañana”, declaró.
Durante su paso por el Ministerio de Justicia, Sánchez promovió una política orientada a la humanización del sistema penitenciario, bajo la premisa de que la privación de libertad no debe suponer una condena al sufrimiento ni a la exclusión permanente.
“Si de verdad queremos que una persona salga de prisión como un ciudadano rehabilitado, debemos brindarle condiciones mínimas de dignidad, y eso hoy no está ocurriendo”, concluyó.
Análisis del caso
La denuncia de Sánchez abre una discusión importante en el país sobre los límites del castigo carcelario, el papel de las reformas penitenciarias recientes y la legitimidad del uso de circulares administrativas para modificar derechos básicos. Además, revive un viejo debate: ¿castigamos para rehabilitar o para vengarnos?
Este señalamiento ocurre en medio del juicio penal que enfrenta Celso Gamboa, acusado de tráfico de influencias, y en paralelo a procesos judiciales sobre su eventual extradición. La situación ha encendido las alarmas de organizaciones de derechos humanos que ya habían advertido sobre prácticas restrictivas en las cárceles costarricenses, especialmente en los módulos de máxima seguridad.
