Una resolución de la Sala Constitucional sacudió el debate nacional este martes: se determinó que los menores de edad no podrán asistir a la Marcha del Orgullo LGBTQ en Costa Rica. La decisión surge luego de que se analizara un recurso de amparo que alegaba la “violación de derechos” al permitir la participación de menores en un evento con contenidos que, según el reclamo, no eran apropiados para esa población.
Con este fallo, el evento fue oficialmente catalogado como exclusivo para mayores de edad, lo que significa que cualquier persona menor de 18 años queda legalmente impedida de participar.
La Sala IV consideró que, si bien el derecho a la libertad de expresión y reunión es esencial en una democracia, también debe resguardarse el interés superior del menor y el respeto a sus derechos conforme a la Constitución Política y la legislación nacional.
Este tema ya venía generando tensiones en distintos sectores del país. Algunos colectivos ven esta decisión como un retroceso en los avances en derechos humanos y diversidad, mientras que otros sectores la celebran como una medida de protección hacia los menores.
¿Qué consecuencias podría tener esta resolución?
- Revisión de otros eventos públicos: Podría abrir la puerta a nuevos recursos judiciales que busquen restringir la participación de menores en diferentes manifestaciones públicas.
- Impacto en la organización futura de la marcha: Los organizadores deberán adaptar sus actividades y logística para garantizar el cumplimiento de la resolución, incluso en términos de seguridad y control de acceso.
- Tensión social y polarización: La resolución podría incrementar la división entre quienes defienden los derechos LGBTQ+ y quienes exigen mayores controles sobre la participación de menores en espacios de protesta o reivindicación.
Contexto adicional:
Costa Rica ha sido uno de los países más progresistas de Centroamérica en cuanto a derechos LGBTQ+, especialmente después de que la Sala Constitucional abriera el camino al matrimonio igualitario en 2018. Sin embargo, esta nueva decisión plantea interrogantes sobre cómo se equilibran los derechos de libre expresión con la protección de poblaciones vulnerables como la niñez.
