Un nuevo pulso político se desató entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa tras el veto total que impuso el presidente Rodrigo Chaves al polémico proyecto de pensión anticipada para funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Mediante el oficio OF-0285-2025, el Gobierno devolvió el expediente legislativo al Congreso alegando “razones de oportunidad, conveniencia y constitucionalidad”. De esta forma, frena de momento una propuesta que había sido respaldada con fuerza por los diputados, al obtener 40 votos a favor frente a apenas 7 en contra durante el segundo debate.
Este proyecto, tramitado bajo el expediente 22.817, buscaba permitir que los agentes judiciales pudieran jubilarse a partir de los 55 años, incluso si no completaban todos los años de servicio requeridos. La iniciativa, que surgió durante la gestión del exdiputado Dragos Dolanescu, planteaba un esquema de retiro proporcional a la edad y años trabajados, siempre que el funcionario tuviera al menos una década laborando dentro del Poder Judicial.
Aunque el presidente ya había adelantado su posición contraria al proyecto desde abril, el veto se hizo oficial apenas ahora. La decisión podría convertirse en un foco de tensión política, ya que ahora corresponde a los diputados decidir si insisten en su aprobación mediante un resello, lo cual exige un mínimo de 38 votos a favor.
El Ejecutivo ha justificado su oposición en aspectos constitucionales y financieros, argumentando que este tipo de pensiones especiales generan desigualdad y comprometen la sostenibilidad del sistema público de jubilaciones.
Por su parte, quienes defienden el plan afirman que el trabajo en el OIJ conlleva un nivel de riesgo y desgaste físico y emocional que amerita condiciones de retiro diferenciadas.
La pelota queda en la cancha del Congreso, donde se sabrá si los diputados están dispuestos a enfrentarse al veto presidencial y mantener en pie el régimen especial para los agentes judiciales.
