Cinco capibaras que fueron incautados por la Fuerza Pública en Orotina se encuentran bajo una estricta cuarentena en el Centro de Rescate Animal Zooave, mientras las autoridades valoran su estado de salud y el futuro legal de estos animales, cuya presencia en territorio nacional podría violar múltiples normativas.
El hallazgo se dio durante una persecución policial en la ruta 34, conocida como la Costanera Sur, que culminó con la detención de dos hombres de apellidos Torres y Navarrete. En el operativo también se decomisaron drogas, espuelas plásticas y armas blancas, lo que abre un abanico de sospechas sobre el trasfondo de este caso: posible tráfico de fauna, criaderos ilegales o introducción clandestina desde países vecinos.
Según explicó Angie Sánchez, funcionaria de la Coordinación de Vida Silvestre del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), los capibaras fueron trasladados a Zooave donde están siendo monitoreados y evaluados médicamente. La legislación vigente establece medidas severas para animales exóticos que ingresan sin control sanitario, y la eutanasia es una opción legal si se determina que alguno de los ejemplares tiene una enfermedad grave o representa un riesgo para la salud pública.
“Un animal que entra al país sin registro sanitario, en muchos casos, debe ser sacrificado. Eso lo determina el Senasa según la evaluación clínica”, afirmó Sánchez.
¿Por qué podrían sacrificarlos?
La respuesta está en el artículo 51 bis de la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal (Ley N.º 8495), que señala con claridad que todo animal importado debe contar con los debidos documentos sanitarios. En caso contrario, el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) puede ordenar el sacrificio si hay riesgo de propagación de enfermedades.
De momento, Zooave reporta a los capibaras en un estado de salud “regular”, pero deben cumplir entre uno y dos meses de cuarentena. Todo dependerá de cómo evolucionen y de los resultados de los exámenes veterinarios.
¿Qué pasará si están sanos?
Si los animales no presentan complicaciones, una alternativa viable sería su traslado a un santuario, donde podrían cumplir una función educativa. “Es una oportunidad para enseñar por qué no se deben introducir especies exóticas sin permiso. No solo se afecta el equilibrio ecológico, también se pone en riesgo a las especies nativas”, agregó Sánchez.
Los capibaras, roedores gigantes que habitan en zonas tropicales de Sudamérica como Panamá, Colombia y Brasil, no forman parte de la fauna silvestre costarricense. Su presencia aquí levanta serias dudas sobre la existencia de un posible criadero ilegal o tráfico regional.
Un delito que se castiga con cárcel
La Ley de Conservación de Vida Silvestre en Costa Rica establece sanciones tanto económicas como penales para quienes posean fauna exótica sin autorización: desde multas equivalentes a uno y hasta cinco salarios base, hasta penas de prisión que oscilan entre los cuatro y seis meses.
Aunque este decomiso es inusual, no es extraño que Costa Rica sea usada como ruta de paso para el tráfico de especies, advirtió Sánchez, quien trabaja en el SINAC desde 2018.
“Somos un país con mucha biodiversidad, pero también muy expuesto al movimiento ilegal de fauna. Es la primera vez que encontramos capibaras, pero no es la primera vez que detectamos intentos de introducir animales sin permiso”, concluyó.
Este caso pone sobre la mesa la necesidad urgente de fortalecer los controles fronterizos y aumentar la vigilancia sobre el comercio ilegal de especies, una amenaza creciente para la biodiversidad del país.
