Un estremecedor video grabado frente a un albergue del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) ha encendido las alarmas sobre las condiciones que enfrentan algunos menores bajo custodia del Estado. En las imágenes, ampliamente difundidas en redes sociales desde este miércoles, un niño visiblemente afectado lanza una denuncia desgarradora: “¿A usted le gustaría saber que hoy lo van a violar?”
El menor, quien según trascendió es vecino de la Zona Sur del país, aparece llorando de forma incontenible mientras le expresa su angustia a un adulto que registra la escena con su celular. Su testimonio no solo revela un profundo sufrimiento, sino que también apunta a una posible situación de abuso sexual dentro del centro donde permanece bajo resguardo.
“¿Usted sabe lo que es que le digan ‘tranquilo’ y que lo violen en la noche?”, dice con voz entrecortada y llena de miedo. La conversación continúa con referencias explícitas al temor que siente cada noche al saber lo que, según él, puede sucederle. El contenido ha generado una oleada de indignación ciudadana y peticiones urgentes de una investigación transparente.
Un tema que no es nuevo
Este no sería el primer caso donde el Patronato enfrenta cuestionamientos por denuncias dentro de sus albergues. En años anteriores, diversas auditorías y reportes de la Defensoría de los Habitantes ya habían advertido sobre irregularidades en la supervisión y atención a menores institucionalizados. Casos de negligencia, maltrato físico y abuso sexual han sido reportados y judicializados, aunque pocas veces con sentencias firmes.
¿Qué sigue ahora?
El caso está siendo evaluado por autoridades judiciales y equipos técnicos del PANI. La presión pública, sumada al impacto emocional del video, ha reavivado el debate sobre la eficacia del sistema de protección infantil en Costa Rica. Organizaciones de derechos humanos y ciudadanos en redes sociales exigen no solo justicia, sino una revisión profunda de los protocolos dentro de estos centros.
Por ahora, se espera que el menor sea reubicado en un entorno seguro, mientras continúan las investigaciones para determinar la veracidad de sus declaraciones y establecer responsabilidades si así corresponde.
