Una nueva controversia sacude la antesala del Pride 2025 en Costa Rica. La Comisión de Espectáculos Públicos del Ministerio de Gobernación modificó sorpresivamente la clasificación del evento de clausura que se celebrará este domingo en la Plaza de la Democracia, impidiendo que menores de edad puedan asistir, pese a que ya había sido aprobado inicialmente como acto para todo público.
Este giro inesperado, que ocurre a tan solo días del evento, ha sido interpretado por diversas organizaciones como un acto de censura y discriminación contra la población LGTBIQ+. Los organizadores no tardaron en reaccionar: llevaron el caso ante la Sala Constitucional, alegando una violación a los principios de igualdad y libertad de expresión.
No es la primera vez que el Gobierno de Rodrigo Chaves genera tensiones en torno al Pride. En 2024, el Ejecutivo revocó la declaratoria de interés cultural de la marcha apenas 24 horas antes de su realización, una medida que posteriormente fue declarada inconstitucional por la Sala IV. La historia parece repetirse, ahora bajo un nuevo argumento: proteger a los menores.
¿Censura encubierta o preocupación genuina?
El argumento oficial detrás del cambio de clasificación no ha sido detallado con precisión. Sin embargo, voceros del Gobierno sostienen que ciertos elementos del espectáculo no serían apropiados para una audiencia infantil. Esta falta de claridad ha provocado que sectores defensores de los derechos humanos y colectivos de la diversidad sexual levanten la voz.
“Estamos viendo un patrón preocupante de decisiones tardías y selectivas que parecen tener una intención política más que una preocupación real por los derechos de la niñez”, comentó uno de los participantes del Pride.
Por su parte, desde el Gobierno aún no hay un pronunciamiento público que justifique el cambio de clasificación con base en evaluaciones técnicas previas o informes específicos.
Contexto y consecuencias
El Pride en Costa Rica ha evolucionado en las últimas dos décadas, pasando de ser una manifestación pequeña a convertirse en una marcha multitudinaria, festiva y reivindicativa que reúne a familias completas, artistas, figuras públicas y activistas. La presencia de menores ha sido habitual en muchas ediciones anteriores, sin mayores incidentes reportados.
La nueva medida pone en aprietos no solo a los organizadores, sino también a familias que ya tenían previsto asistir con sus hijos e hijas. Además, podría abrir un nuevo frente legal que complique la relación entre el Ejecutivo y los sectores pro derechos humanos.
De fondo, lo que se debate no es solo una cuestión de acceso a un evento cultural, sino el papel del Estado en la garantía de derechos para poblaciones históricamente marginadas. Para muchos, esta decisión es parte de un clima hostil hacia la diversidad, disfrazado de “protección”.
