La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica tomó una decisión contundente este lunes 23 de junio al sancionar al fiscal general de la República, Carlo Díaz, luego de confirmar que incurrió en una falta ética por no reportar a tiempo un conflicto de intereses relacionado con su pareja sentimental, quien laboraba bajo su jerarquía.
La medida disciplinaria adoptada fue una amonestación escrita, respaldada por 16 magistrados, luego de una intensa deliberación en la sesión plenaria. Sin embargo, el tema generó división entre los altos jueces, ya que otros seis magistrados abogaban por imponerle una suspensión temporal, pero no lograron la mayoría necesaria para hacerlo efectiva.
El caso surgió a raíz de una relación sentimental que el fiscal general mantenía con una subalterna, a quien le otorgó varias prórrogas en su nombramiento sin haber informado oportunamente de su vínculo, lo que generó sospechas sobre un posible trato preferencial dentro del Ministerio Público.
A pesar de la sanción, la Corte fue unánime en exonerar a Díaz de otras acusaciones. En particular, no se le atribuyó responsabilidad en un polémico viaje de la funcionaria a Grecia, ya que se comprobó que el permiso fue gestionado por otro funcionario y que no se usaron fondos públicos.
Asimismo, fue absuelto en relación con una capacitación que la subalterna recibió en Baltimore, Estados Unidos, dado que la selección fue hecha directamente por el organismo internacional organizador del evento, sin participación alguna del fiscal general. La mayoría de los magistrados —21 en total— respaldaron esta conclusión.
Contexto más amplio: la delgada línea entre lo privado y lo institucional
Este caso reabre el debate sobre los límites entre lo personal y lo profesional en los cargos públicos de alta jerarquía. Si bien Carlo Díaz no fue hallado culpable de utilizar recursos estatales en beneficio personal, la Corte dejó claro que la transparencia en la gestión de recursos humanos es irrenunciable en la función pública, más aún cuando hay relaciones afectivas de por medio.
El hecho de que algunos magistrados impulsaran una suspensión temporal, aunque no prosperara, revela que la percepción de la ética en el Poder Judicial se está volviendo más rigurosa y menos tolerante a zonas grises.
¿Qué sigue para Carlo Díaz?
Aunque la sanción no representa una inhabilitación o destitución, sí deja una marca en la hoja disciplinaria del fiscal general, quien enfrenta ahora un reto mayor: restaurar la confianza pública en la independencia y rectitud del Ministerio Público. La decisión de la Corte también podría tener implicaciones futuras si se presentan nuevas denuncias o si este episodio se convierte en referencia para reformas en la normativa disciplinaria del Poder Judicial.
