Una transformación profunda del sistema de pensiones en Costa Rica está sobre la mesa. La Superintendencia de Pensiones (SUPEN) presentó un informe con propuestas que buscan dar un giro al modelo actual, con la mira puesta en garantizar una mayor equidad y sostenibilidad para el futuro de los adultos mayores.
Entre las medidas más relevantes destaca la creación de una pensión básica universal, que beneficiaría a todas las personas mayores sin importar su historial laboral. Este ingreso mensual sería de ₡82.000 colones y estaría financiado, según el documento, a través del consumo nacional, es decir, mediante los recursos generados por el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Además, la SUPEN sugiere incrementar las cuotas necesarias para jubilarse a los 65 años. Actualmente se requieren 300 cuotas, pero el nuevo planteamiento propone subirlas a 360, lo cual equivale a 30 años de aportes. Esta modificación busca reforzar la sostenibilidad financiera del sistema, aunque podría implicar un reto para quienes han tenido empleos informales o periodos sin cotizar.
¿Qué más propone el informe?
El documento no se queda solo en pensiones mínimas. También propone cambios estructurales más amplios, como la eventual privatización del Banco Popular y la transferencia de sus acciones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esta medida buscaría fortalecer la red pública encargada de la atención médica y de las pensiones.
Otra de las recomendaciones apunta a los trabajadores independientes, un grupo históricamente excluido del sistema previsional. La SUPEN plantea que estos ciudadanos queden automáticamente inscritos al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), lo cual les permitiría acumular ahorro para su vejez, aunque plantea el desafío de asegurar el cumplimiento sin sobrecargar a quienes tienen ingresos informales o irregulares.
¿Qué busca este rediseño?
Con esta serie de propuestas, las autoridades esperan construir un sistema más justo, moderno y capaz de responder al envejecimiento poblacional. Actualmente, una gran parte de las personas mayores en Costa Rica depende únicamente de la pensión del Régimen No Contributivo (RNC), el cual muchas veces no cubre las necesidades básicas. La pensión básica universal vendría a reforzar ese mínimo vital para todos los adultos mayores.
Por otro lado, la posible vinculación entre el IVA y las pensiones plantea un debate nacional: ¿Debe el consumo general financiar directamente los ingresos de las personas mayores? Esto implicaría una redistribución más explícita de los recursos fiscales y una nueva visión sobre la seguridad social en el país.
