El nombre del exmagistrado costarricense Celso Gamboa volvió a sacudir al país, pero esta vez desde tribunales extranjeros. El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal en su contra, señalándolo por presuntamente participar en una red internacional de tráfico de cocaína.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Gamboa habría colaborado con organizaciones criminales de alto calibre como el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Clan del Golfo, facilitando la entrada de droga a territorio costarricense con destino final en América del Norte.
La investigación forma parte de la operación internacional denominada “Recuperemos América”, una ofensiva de EE. UU. que busca desarticular redes criminales que operan a lo largo del continente, muchas veces utilizando a países centroamericanos como rutas clave de tránsito.
Las acusaciones y el papel de Costa Rica en la ruta del narcotráfico
Según el documento revelado por el Departamento de Justicia, Gamboa habría asegurado a informantes de la DEA (Administración para el Control de Drogas) que contaba con libertad de acción para operar gracias al supuesto respaldo del actual Gobierno costarricense liderado por Rodrigo Chaves. Esta afirmación ha generado un fuerte eco político, ya que compromete la imagen de la administración en funciones, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial de esos vínculos desde Casa Presidencial.
Lo que más ha llamado la atención es que, según los informes norteamericanos, el exmagistrado no solo facilitaba el paso de cargamentos de droga, sino que también ofrecía contactos e influencia para garantizar impunidad dentro del sistema judicial costarricense.
Posibles consecuencias legales para Gamboa
Si Gamboa es extraditado a Estados Unidos y es declarado culpable, podría enfrentarse a una pena que va desde los 10 años hasta la cadena perpetua. Sin embargo, de concretarse su condena en territorio costarricense o si EE. UU. respeta la legislación penal de Costa Rica como parte del proceso de extradición, la pena máxima no podría superar los 50 años de prisión, tal como establece el Código Penal nacional.
Por ahora, Gamboa permanece recluido en el módulo de máxima seguridad del centro penitenciario La Reforma, mientras las autoridades costarricenses evalúan la solicitud de extradición y se desarrollan los procedimientos judiciales correspondientes.
Un escándalo con repercusiones políticas
Este caso no solo es judicial: tiene claras implicaciones políticas y diplomáticas. Por un lado, se cuestiona la independencia judicial costarricense y el nivel de infiltración del narcotráfico en los más altos niveles del poder. Por otro, genera presión internacional sobre Costa Rica, un país que históricamente ha sido considerado como uno de los más estables de la región.
Además, esta acusación contra un exfuncionario de tan alto rango se suma a un preocupante patrón regional: el uso de exjueces, políticos y figuras públicas como piezas dentro del engranaje narco que opera desde Sudamérica hasta EE. UU.
