Proyección de homicidios para 2025 genera preocupación en Costa Rica
OIJ alerta sobre un posible aumento en la criminalidad
Las autoridades judiciales han lanzado una advertencia preocupante: para este 2025, se estima que la cifra de homicidios podría oscilar entre 900 y 950 casos. Este pronóstico representa un desafío para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que enfrenta limitaciones presupuestarias en su lucha contra la delincuencia.
La violencia homicida ha ido en aumento en los últimos años, y los datos preliminares apuntan a que la tendencia seguirá al alza si no se implementan acciones contundentes para combatir el crimen organizado y la inseguridad ciudadana.
Recursos insuficientes para frenar la violencia
A pesar de la gravedad de las proyecciones, el OIJ ha manifestado que no cuenta con los fondos necesarios para enfrentar esta ola de criminalidad de manera efectiva.
El director de la institución ha reiterado la necesidad de fortalecer el presupuesto destinado a seguridad y justicia, permitiendo así una mejor capacidad operativa, más personal especializado y tecnología avanzada para investigar los delitos con mayor eficacia.
Factores detrás del aumento de homicidios
El incremento de los homicidios en Costa Rica se debe a múltiples factores, entre ellos:
- Disputas entre grupos del crimen organizado por el control del tráfico de drogas.
- Ajustes de cuentas relacionados con actividades ilícitas.
- Mayor circulación de armas de fuego en manos de delincuentes.
- Débil capacidad de respuesta de las autoridades, debido a la falta de recursos.
Los expertos advierten que, si no se toman medidas urgentes, el país podría cerrar el 2025 con uno de los índices de homicidios más altos en su historia
Estrategias para frenar la escalada de homicidios
Para contener la creciente ola de violencia, las autoridades han planteado varias estrategias, entre ellas:
- Refuerzo de operativos policiales en las zonas más afectadas.
- Cooperación con fuerzas internacionales para combatir el narcotráfico.
- Mayor inversión en prevención del delito, con programas de educación y empleo en comunidades vulnerables.
Sin embargo, el éxito de estas iniciativas dependerá de la asignación de fondos y del compromiso político para implementar cambios estructurales en materia de seguridad.