Reos amenazan con controlar el comercio en las cárceles: el gobierno responde
Redacción
Publicado: noviembre 28, 2024
Reos amenazan con tomar el control del comercio en las cárceles de Costa Rica
El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, ha denunciado una grave situación de inseguridad en las cárceles de Costa Rica, especialmente en lo que respecta a las pulperías dentro de los centros penitenciarios. Según Campos, los reos están utilizando estos pequeños comercios para ejercer influencia dentro de las prisiones, lo que facilita actividades ilícitas como el contrabando y el lavado de dinero.
La controversia por las pulperías en las cárceles
La venta de productos en las cárceles: un foco de irregularidades
Las pulperías dentro de los centros penitenciarios no son un tema nuevo, pero en las últimas semanas han cobrado especial atención debido a las denuncias sobre el control que algunos reclusos ejercen sobre estos comercios. Campos destacó que estas actividades comerciales no solo afectan la seguridad, sino que también facilitan el ingreso y distribución de productos ilegales dentro de las prisiones. Además, algunos de estos negocios se han visto involucrados en actividades fuera de la ley, como el tráfico de sustancias controladas y la extorsión.
La respuesta del Ministerio de Justicia
Para hacer frente a esta situación, el Ministerio de Justicia había emitido una directriz que limitaba la venta de ciertos productos en las pulperías de la cárcel de Limón. Sin embargo, el juez de ejecución de la pena, Wilbert Granados, suspendió esta medida, lo que provocó una serie de reacciones dentro del gobierno.
Campos consideró que la anulación de la directriz por parte del juez Granados era una acción irregular que ponía en riesgo el control y la seguridad dentro de las cárceles. A raíz de este hecho, el Ministerio presentó una denuncia penal contra el juez, acusándolo de debilitar los esfuerzos para garantizar la seguridad en los centros penitenciarios.
La polémica decisión judicial y sus implicaciones
La postura del juez y las críticas a la directriz
El juez Wilbert Granados argumentó que la circular emitida por el Ministerio de Justicia no abordaba de manera efectiva los problemas relacionados con la venta de productos en las cárceles, ya que solo prohibía la comercialización sin restringir el ingreso y la posesión de los productos. Según el Poder Judicial, esta falta de claridad en la normativa podría llevar a desigualdades entre los reclusos, ya que algunos tendrían acceso a estos productos y podrían lucrarse con su venta.
Granados también destacó que la medida podría generar una mayor concentración de poder dentro de las prisiones, favoreciendo a un pequeño grupo de reclusos que podrían controlar el comercio de estos productos en beneficio propio.
Las consecuencias para los funcionarios penitenciarios
En paralelo a la denuncia contra el juez, se abrió un proceso disciplinario en contra de Giovanna Clealand, directora del Centro Penal de Limón, por no cumplir con las medidas impuestas por el Ministerio de Justicia. Campos señaló que Clealand había incumplido las directrices al permitir que la pulpería de la cárcel continuara operando de manera irregular, lo que, a su juicio, complicaba aún más la situación de inseguridad en el centro penitenciario.
Los productos prohibidos y el riesgo de los negocios ilegales
Qué productos están en juego
La directriz del Ministerio de Justicia establece una lista de productos prohibidos en las cárceles, incluyendo artículos de aseo personal, medicamentos de venta libre y hielo, entre otros. Estos productos, que inicialmente se pensaron como esenciales para el bienestar de los reclusos, han sido aprovechados por algunos para establecer negocios informales dentro de las prisiones, lo que ha desatado la preocupación de las autoridades.
El impacto de la venta ilegal dentro de las prisiones
La venta ilegal de productos dentro de las cárceles no solo representa una violación de las normas penitenciarias, sino que también permite a los reclusos realizar intercambios de favores, adquirir artículos prohibidos o, incluso, financiar actividades criminales fuera de las prisiones. Las autoridades han subrayado que el control sobre estos comercios es esencial para evitar que las cárceles se conviertan en un caldo de cultivo para la delincuencia organizada.
