Renuncias de forenses afectan autopsias y casos judiciales
Redacción
Publicado: noviembre 28, 2024
Médicos forenses renuncian a horas extra y guardias: impacto en la morgue judicial
La morgue judicial de Costa Rica enfrenta un escenario crítico tras la decisión de 33 médicos forenses de renunciar a las horas extraordinarias y las guardias a partir del 1 de diciembre. Este movimiento, resultado de meses de tensiones laborales con el Poder Judicial, amenaza con retrasar autopsias y la entrega de cuerpos, afectando a familias y al sistema judicial en medio de una creciente crisis de criminalidad.
Contexto: la raíz del conflicto
Reclamos de los especialistas
Los médicos forenses argumentan que enfrentan condiciones laborales «esclavizantes» que violan sus derechos, especialmente en lo relacionado con la jornada laboral definida en el artículo 136 del Código de Trabajo. Según Carlos Peña, médico del Departamento de Medicina Legal, la carga de trabajo es insostenible debido a la escasez de personal y la obligatoriedad de disponibilidad para tiempo extraordinario.
Por ejemplo, en la Sección de Patología Forense, las jornadas de disponibilidad inician a las 8:00 p.m. entre semana y abarcan los fines de semana completos. Esta dinámica permite realizar hasta 18 autopsias en dos días, pero con la renuncia a estas horas, el servicio se verá severamente limitado.
Consecuencias en los servicios médico-forenses
El impacto no se limita a las autopsias, sino que también afecta áreas críticas como la atención a delitos sexuales. Las pruebas deben ser recolectadas dentro de un periodo específico para garantizar su validez, y la falta de personal podría comprometer la recolección de evidencia clave.
Desde el 30 de octubre, los médicos forenses notificaron al Poder Judicial sobre su decisión, subrayando la necesidad de mejores condiciones laborales. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha llegado a un acuerdo satisfactorio.
Un panorama sombrío
Renuncias acumuladas
La situación laboral en Medicina Legal ha provocado la salida de 26 especialistas en los últimos cinco años. Según José Eliseo Valverde, médico de Patología Forense, las diferencias salariales con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que rondan los ¢135,000, han incentivado estas renuncias.
«No es que no queramos trabajar el tiempo extraordinario, es que el patrono no llegó a un acuerdo con nosotros en cosas justas», enfatizó Valverde.
A esto se suma la salida de 12 médicos psiquiatras y un odontólogo forense, sin que se haya logrado suplir estas vacantes.
Criminalidad y presión judicial
La crisis llega en un momento crítico para el país, que se acerca a los 800 homicidios anuales, según estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Randall Zúñiga, director del OIJ, expresó su preocupación, destacando que el retraso en autopsias y atención a víctimas afectará la recolección de pruebas para esclarecer delitos graves.
Zúñiga también señaló que las víctimas de delitos sexuales podrían ser las más afectadas si las evaluaciones no se realizan dentro del plazo de 72 horas estipulado por el protocolo.
Plan de contingencia del Poder Judicial
Ante este escenario, el Poder Judicial trabaja en un plan de contingencia para mitigar el impacto de esta medida de presión. Según voceros de la institución, se priorizará la atención parcial de personas vivas que necesiten evaluaciones médico-forenses, aunque se anticipan retrasos significativos en autopsias y peritajes.
¿Qué puede hacer la ciudadanía afectada?
El director del OIJ recomendó a las personas que consideren vulnerados sus derechos interponer un recurso de amparo. Esto podría incluir casos relacionados con retrasos en la entrega de cuerpos o la falta de atención en delitos sexuales.
Reflexión: un llamado a soluciones
La renuncia a horas extraordinarias por parte de los médicos forenses no solo evidencia una crisis laboral en Medicina Legal, sino que expone las tensiones dentro del sistema judicial costarricense. Mientras las autoridades intentan resolver la situación, el llamado a una negociación justa y sostenible se convierte en una necesidad apremiante para evitar un colapso en los servicios esenciales.
