¡Millonaria suspensión! Presidenta de la CCSS se queda sin salario por investigación
Caja Costarricense de Seguro Social decide no pagar salario a Marta Esquivel durante su suspensión.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha determinado que Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la institución, no recibirá su salario mientras esté suspendida de su cargo. Esta decisión fue tomada en base a un pronunciamiento emitido por la Dirección Jurídica de la CCSS.
Esquivel fue suspendida por seis meses el pasado 10 de octubre, tras una orden del Juzgado Penal de Hacienda. La medida cautelar se tomó mientras se investiga su presunta participación en delitos de tráfico de influencias y afectación contra la Hacienda Pública.
Según el Ministerio Público, Esquivel, junto con otros directivos, habría influido en un proceso de licitación que adjudicó contratos por ¢471.000 millones a cooperativas y asociaciones médicas para gestionar áreas de salud en la Gran Área Metropolitana (GAM), presuntamente con sobreprecios.
Argumento de la Dirección Jurídica de la CCSS
El subdirector jurídico de la CCSS, Andrey Quesada Azucena, señaló que no corresponde continuar pagando el salario a Esquivel durante su suspensión. En un oficio del 17 de octubre, la Dirección Jurídica explicó que existen precedentes legales que indican que cuando un funcionario es suspendido de su cargo o puesto en prisión preventiva, no debe recibir remuneración, ya que se encuentra impedido de asistir al trabajo.
“Debe procederse con la suspensión salarial de los funcionarios cautelados en virtud de la imposibilidad del ejercicio del cargo durante la vigencia de la medida cautelar”, se lee en el pronunciamiento.
Esta postura está respaldada por la Sala Constitucional, la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República, según el documento.
Impacto de la decisión
El salario mensual de Marta Esquivel asciende a ¢5,5 millones, por lo que la suspensión salarial tendrá un impacto significativo. Además, la medida también afectará a María Gutiérrez Brenes, gerenta general interina de la CCSS, quien está involucrada en el mismo caso y cuyo salario mensual es de ¢4,1 millones.
La decisión de no pagar los salarios busca respetar las normativas vigentes y los precedentes legales en situaciones de funcionarios públicos suspendidos de sus labores por medidas cautelares.