Desyfin responde tras los allanamientos de la Fiscalía
Redacción
Publicado: octubre 17, 2024
El Grupo Financiero Desyfin se pronunció este jueves tras los allanamientos realizados por la Fiscalía en sus oficinas y otros lugares asociados. La empresa asegura que no existe ningún delito en su contra y cuestiona la legalidad de las acciones emprendidas por las autoridades, señalando violaciones al debido proceso y fallos en los procedimientos.
Federico Campos, abogado de la Financiera, defendió a sus clientes, los señores Lacayo, afirmando que los hechos que motivaron la intervención serán refutados ante la Fiscalía lo más pronto posible. Según Campos, la investigación presenta «graves vicios de ilegalidad» y sostiene que no existe ningún fundamento para las acusaciones.
Campos también señaló irregularidades durante la intervención, como errores en la valoración de negocios lícitos. A su juicio, los interventores rechazaron propuestas viables para la capitalización de la empresa, lo que podría haber evitado la situación actual. Además, afirmó que la reputación de Desyfin, manejada por la familia Lacayo durante décadas, ha sido afectada de manera irremediable por las acciones de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
Intervención de Desyfin y causas legales
El pasado 13 de agosto, el Conassif ordenó la intervención de Desyfin, clasificándola en una situación de riesgo grado 3. Posteriormente, el miércoles 9 de octubre, la Sugef declaró a la entidad financiera como inviable, casi dos meses después de la intervención inicial.
Los resultados de la intervención revelaron pérdidas por ₡21.968 millones y un faltante de ₡6.704,33 millones. El patrimonio de la entidad también se desplomó en un -158% hasta el 31 de agosto. Además, se identificaron ajustes en la información financiera y contable por ₡17.015 millones, entre ellos, estimaciones crediticias, reversión de gastos, sobrevaloración de activos y provisiones por pago de impuestos.
Debido a estos hallazgos, la Sugef presentó una denuncia ante el Ministerio Público. La causa penal incluye elementos como una auditoría interna débil, problemas en la gestión de la cartera crediticia y otros posibles ilícitos.
Los allanamientos realizados este jueves incluyeron las oficinas centrales de Desyfin, la Arrendadora Grupo Financiero Desyfin, cinco residencias particulares y los despachos de dos abogados. La investigación se basa en acusaciones de administración fraudulenta y otros delitos previstos en la Ley Orgánica del Banco Central, bajo el expediente 24-000074-621-PE.
