Nueva medida: policías podrán usar armas de guerra para enfrentar al crimen organizado
Redacción
Publicado: octubre 10, 2024
Autorizan uso de armas automáticas para la Fuerza Pública en Costa Rica
En una reciente decisión que ha generado opiniones divididas, el Gobierno de Costa Rica ha autorizado a los oficiales de la Fuerza Pública el uso de armas automáticas, incluyendo fusiles como el AR-15 y M-16. Este nuevo decreto fue anunciado por el presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Seguridad, Mario Zamora, quienes sostienen que la medida busca equiparar el armamento policial con el de los grupos criminales con los que se enfrentan.
El mandatario resaltó el respaldo que su administración ha brindado a las fuerzas de seguridad, y explicó que, con esta decisión, los policías ya no estarán limitados a disparos individuales mientras los criminales utilizan armas de ráfaga. Según Chaves, este paso es parte de la estrategia gubernamental para dar igualdad de condiciones a los agentes en la lucha contra el crimen.
Zamora detalló que esta autorización se dio bajo un mecanismo de excepción, utilizando las leyes vigentes para emitir un decreto ejecutivo que permite a los policías portar fusiles automáticos. «Estas armas nos permitirán enfrentar el mismo tipo de fuego que estamos recibiendo», expresó el ministro.
Preocupaciones sobre el uso de armas automáticas
Sin embargo, la medida ha generado inquietudes entre expertos en seguridad. El exministro Fernando Berrocal señaló que este tipo de armamento es típicamente utilizado en entornos militares, lo que supone un cambio significativo en la estrategia policial de un país que, por tradición, ha mantenido fuerzas de seguridad civiles. «Este es un paso peligroso, especialmente en un país sin ejército», añadió.
Además, Berrocal puso en duda la capacidad técnica y psicológica de los agentes de la Fuerza Pública para manejar adecuadamente estas armas, ya que se requiere un alto nivel de entrenamiento. El costo de las municiones y la necesidad de formación adecuada fueron algunos de los puntos clave que resaltó.
Walter Navarro, exviceministro de Seguridad, también subrayó la necesidad de una capacitación profunda para evitar posibles víctimas colaterales, ya que los fusiles automáticos tienen un alcance y poder destructivo significativos.
¿Es la solución adecuada?
Varios exministros de Seguridad Pública, entre ellos Juan Rafael Lizano y Gustavo Mata, han expresado sus dudas sobre la efectividad de esta medida para reducir los índices de criminalidad. Ambos consideran que la solución a la violencia en el país no pasa por aumentar el armamento de la policía, sino por mejorar la infraestructura y los recursos disponibles para las fuerzas de seguridad, incluyendo más patrullas y personal capacitado.
«Las armas automáticas no van a reemplazar la falta de personal ni los vehículos policiales necesarios», afirmó Lizano. Mata, por su parte, coincidió en que la violencia no disminuirá simplemente por equipar a los oficiales con armamento similar al de los delincuentes. «Esto solo es una equiparación de fuerzas, pero no resolverá el problema de fondo», indicó.
La opinión de expertos en leyes
El abogado constitucionalista Ewald Acuña también se mostró escéptico sobre la efectividad del decreto. Según Acuña, la lucha contra la criminalidad violenta requiere una política integral que no solo se enfoque en el uso de armas automáticas, sino en proporcionar a las fuerzas policiales los recursos necesarios y en aplicar políticas sociales que eviten que los jóvenes caigan en la delincuencia.
Para Acuña, la autorización de estas armas es solo una pieza dentro de un problema mucho más amplio que debe abordarse desde múltiples frentes.
¿Armas de guerra?
Al ser consultado sobre si estas armas pueden clasificarse como de «guerra», el ministro Mario Zamora aclaró que esta definición no es precisa. Según él, se trata de fusiles automáticos que disparan en ráfaga, lo que los hace más adecuados para el contexto de seguridad en el que los oficiales se desempeñan.
