El recorte en el presupuesto nacional podría afectar a miles de costarricenses
Contraloría advierte sobre los desafíos del presupuesto nacional 2025
El presupuesto nacional para 2025, presentado por el Poder Ejecutivo, ha sido objeto de un exhaustivo análisis por parte de la Contraloría General de la República (CGR), que ha emitido varias observaciones clave sobre la propuesta, cuyo monto total asciende a ¢12,4 billones, lo que representa un 23,6% del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para ese año.
A pesar de que este presupuesto supone una disminución de 2,1 puntos porcentuales del PIB en comparación con el plan inicial del 2024, la Contraloría resalta la existencia de importantes retos para la gestión de los recursos públicos en el próximo período. Entre los factores a considerar están la necesidad de mayor transparencia, la correcta aplicación de la regla fiscal, y el ajuste en las prioridades de inversión social.
Menor crecimiento en el gasto
Una de las características destacadas de la propuesta es la reducción del gasto total en un 1,9% respecto a la ley de presupuesto de 2024, una tendencia que no se veía desde 2020. Este ajuste obedece en gran medida a la menor asignación para la amortización de deuda, lo cual refleja una decisión del gobierno de priorizar otros aspectos de la administración financiera.
Sin embargo, la CGR señala que, aunque la reducción del gasto puede aliviar algunas presiones fiscales, también genera tensiones sobre la capacidad del Estado para garantizar la calidad y continuidad de los servicios públicos. Esta reducción, además, impacta en áreas críticas como las transferencias a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tanto para el seguro de salud como para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Recortes en la inversión social
Una de las preocupaciones más destacadas por la Contraloría se refiere a la disminución de los fondos asignados a la CCSS, que se verá afectada por un recorte de ¢459 millones en comparación con las estimaciones previas de la propia entidad. Esta reducción en la inversión social es señalada como un área crítica que podría generar presiones sobre la prestación de servicios esenciales para la población, especialmente en salud y seguridad social.
Oportunidades y desafíos en el manejo fiscal
A pesar de las reducciones, la Contraloría también subraya que 2025 presenta oportunidades para la administración pública. Una de ellas es el potencial para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y fortalecer la transparencia en la gestión presupuestaria. Asimismo, recalca la importancia de mantener una visión a largo plazo en cuanto a la sostenibilidad fiscal y la reducción de la brecha entre ingresos y gastos.
El informe emitido por la CGR concluye que, aunque el presupuesto 2025 presenta elementos positivos, como la contención del gasto, se requieren acciones claras para garantizar que las áreas sensibles, como la inversión social y los servicios públicos, no se vean afectadas de manera que perjudique a la población.