Defensora de los Habitantes critica la falta de rumbo en la política de seguridad del Gobierno
La defensora de los habitantes, Angie Cruickshank Lambert, expresó su preocupación por la dirección que ha tomado el Gobierno en materia de seguridad. Durante una audiencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, la funcionaria calificó la “Política Nacional de Seguridad Pública Costa Rica Segura Plus 2023-2030” presentada en noviembre pasado como una simple declaración de intenciones, destacando que carece de implementación efectiva.
Falta de acción y desarticulación
Cruickshank Lambert argumentó que esta política es desarticulada y no responde a las necesidades más urgentes de la ciudadanía. Según su análisis, hay un notable deterioro en la seguridad pública, y la falta de un plan de acción claro agrava la situación. “Es preocupante que no exista una política integral que articule esfuerzos entre las distintas instituciones”, afirmó, añadiendo que las acciones emprendidas hasta el momento son fragmentadas y carecen de una hoja de ruta.
Enfoque en la vulnerabilidad
Carlos León, director de Gobernanza Pública de la Defensoría, apoyó las palabras de la defensora y señaló que la política no contempla un enfoque sectorial para atender a poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. Además, cuestionó la ausencia de un programa de rendición de cuentas que informe a la ciudadanía sobre los resultados de esta política durante sus primeros siete años de aplicación.
Acciones legales por falta de información
Cruickshank Lambert también reveló que la Defensoría tuvo que recurrir a la Sala Constitucional para solicitar un recurso de amparo contra el ministro de Seguridad, Mario Zamora, debido a su negativa inicial de proporcionar información necesaria para el análisis de la política. Este hecho subraya la falta de transparencia y colaboración en el proceso.