La sorprendente verdad detrás del robo de diésel y gasolina para aviones en Costa Rica
Robo de Combustibles: El Auge del Crimen Organizado en Costa Rica
Más de ¢12 mil millones en combustibles han sido sustraídos en seis años.
En un preocupante informe, la presidenta ejecutiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Karla Montero, reveló que cerca de 30,5 millones de litros de combustibles han sido robados en los últimos seis años. Esta alarmante cifra se traduce en un perjuicio económico de aproximadamente ¢12 mil millones para la institución. Durante su intervención en el programa Desde Buena Mañana de Extra Radio, Montero destacó que el robo de combustibles se ha vuelto una actividad cada vez más profesionalizada, lo que ha generado no solo pérdidas económicas, sino también daños ambientales significativos.
Hasta la fecha, en el presente año se han atendido alrededor de 99 incidentes de tomas ilegales, donde el método más común implica la creación de túneles y el uso de maquinaria pesada para transportar el combustible robado. Este patrón ha levantado sospechas sobre la posible existencia de “gatos caseros” —personas involucradas que conocen el funcionamiento de las instalaciones de Recope.
“Es revelador que cerca del 50% del combustible robado sea diésel y un 40% corresponda a combustible para aviones”, indicó Montero. Este conocimiento específico sugiere que los delincuentes están bien informados sobre el tipo de combustibles que circulan por el poliducto, lo que pone de manifiesto la sofisticación de estas operaciones ilícitas.
Necesidad de Reformas Legales
Ante esta situación alarmante, Recope se encuentra trabajando en la modificación de las penas asociadas al robo de hidrocarburos. Montero comentó que, dada la naturaleza organizada de estas bandas criminales, es crucial implementar medidas más severas. El Consejo Nacional Sectorial de Seguridad, que agrupa a diferentes instituciones encargadas de la protección ciudadana, ha sido receptivo a la propuesta de reformas a la Ley No. 9852, que actualmente regula las penas por este tipo de delitos.
“Hace unas semanas presentamos nuestras preocupaciones y todos los actores involucrados están conscientes de la gravedad del problema. Estudiamos varios aspectos, especialmente el transporte ilegal, que representa un riesgo para las comunidades”, declaró Montero.
Actualmente, las penas por el robo de combustibles oscilan entre cinco y 15 años de prisión, mientras que quienes transportan el combustible pueden enfrentarse a condenas de uno a cuatro años, y quienes lo reciben de uno a cinco años. Las autoridades buscan equiparar estas penas para toda la cadena de distribución y fortalecer así la respuesta ante este fenómeno delictivo.
Una Respuesta Necesaria
“Es fundamental ser más rigurosos con aquellos que reciben este tipo de material. La responsabilidad de identificar a los receptores recae en las autoridades a través de los procesos de denuncia que hemos establecido”, concluyó Montero, enfatizando la importancia de una colaboración efectiva entre las instituciones para enfrentar el creciente problema del robo de combustibles en el país.