Contraloría General aclara su rol en la adjudicación de ebáis
La Contraloría General de la República (CGR) ha emitido un comunicado que aclara su función en el proceso de adjudicación de 10 áreas de salud, desmintiendo la afirmación del presidente Rodrigo Chaves de que se encuentra evaluando el contrato para otorgar su aprobación. Según la CGR, actualmente solo está revisando una apelación relacionada con el área de salud San Francisco-San Antonio, la única donde participaron más de una empresa oferente.
El presidente Chaves mencionó en su discurso que el ente contralor revisaba el contrato como parte de sus funciones, especialmente en el contexto de críticas hacia la Fiscalía en el caso Barrenador. Sin embargo, la Contraloría ha puntualizado que no es responsable de emitir el visto bueno general, ya que eso recae en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), conforme al reglamento que regula las contrataciones en la administración pública.
La División de Contratación Pública de la CGR confirmó que, a la fecha, las líneas que no han sido apeladas se consideran firmes y que las empresas involucradas ya han presentado sus garantías de cumplimiento. Esto se puede verificar a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), donde toda la documentación relacionada está disponible para consulta pública.
Proceso y plazos
El plazo que tiene la Contraloría para resolver la apelación mencionada es el 3 de octubre, aunque existe la posibilidad de prorrogarlo por hasta 10 días hábiles si se requieren más consultas o documentos adicionales para tomar una decisión informada.
Un representante de Coopesalud, una de las entidades adjudicatarias, confirmó que las concesiones se mantienen vigentes tal como se decidió el 6 de julio por la junta directiva de la CCSS. Según su declaración, las adjudicaciones están firmes y cuentan con las garantías de cumplimiento necesarias. Además, están en proceso de confección de contratos para dar inicio a los servicios.
El futuro incierto de los ebáis
El contrato actual entre Coopesalud y la CCSS se extiende hasta el 30 de junio de 2025. Sin embargo, el futuro de los 589,000 asegurados que dependen de la atención brindada en los 138 ebáis tercerizados queda en suspenso, especialmente con los problemas legales que enfrenta la Fiscalía contra algunos directivos. Esta situación genera incertidumbre sobre la continuidad y calidad de los servicios de salud que reciben los costarricenses.