Escándalo en la CCSS: Funcionarios eliminan correos durante allanamientos por el caso Barrenador
Redacción
Publicado: septiembre 26, 2024
Un reciente escándalo ha sacudido a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en el marco de la investigación del caso Barrenador, un entramado de corrupción que involucra a la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, y a varios exmiembros de la junta directiva. La situación se volvió aún más alarmante cuando se reveló que un funcionario de la CCSS logró acceder y borrar más de 300 correos electrónicos de uno de los implicados, mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaba allanamientos.
El martes pasado, durante uno de los 28 allanamientos realizados, un funcionario de la CCSS logró eliminar información crucial, a pesar de que un juez había ordenado previamente la inhabilitación de las cuentas de correo de los sospechosos. Esta acción ha llevado al OIJ a abrir una nueva investigación para identificar al responsable y tratar de recuperar los datos eliminados.
Contexto del caso Barrenador
La investigación se centra en cómo algunos funcionarios presuntamente abusaron de su posición para favorecer la adjudicación de contratos a cooperativas para la gestión de 138 Ebais, lo que podría haber causado un desfalco de hasta ₡12.400 millones al año. Las indagaciones comenzaron el lunes 23 de septiembre, cuando se ordenó el allanamiento en la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones de la CCSS, donde se procedió a respaldar las cuentas electrónicas de los implicados.
Sin embargo, el miércoles por la mañana, un especialista del OIJ se dio cuenta de que, durante la sincronización de archivos, se habían borrado 300 correos electrónicos y 4 elementos en OneDrive, la plataforma de almacenamiento utilizada por las instituciones públicas. Todo esto ocurrió a pesar de que las cuentas deberían haber estado bloqueadas, lo que sugiere que alguien había accedido de manera irregular.
Acceso no autorizado y consecuencias
Al investigar más a fondo, se descubrió que el acceso al correo eliminado se realizó sin la autorización necesaria, utilizando las credenciales de un alto funcionario de la CCSS, quien estaba de vacaciones. La actividad delictiva fue registrada en el sistema de la CCSS, lo que indica que la acción se llevó a cabo desde una computadora ubicada en el hospital Max Peralta en Cartago.
Este acto de borrado de pruebas refuerza la postura del OIJ y el Ministerio Público, quienes argumentan que los allanamientos son imprescindibles en casos de corrupción, ya que citar a los sospechosos podría alertarlos y permitirles destruir evidencias, como ha sucedido en este caso.
Randall Zúñiga, director del OIJ, aseguró que se utilizarán todas las herramientas forenses disponibles para intentar recuperar la información eliminada. En caso de no contar con los recursos tecnológicos necesarios, se solicitará asistencia internacional para evitar que este tipo de delitos queden impunes.
