¡Atención! Así cambiarán los trámites de pensiones alimentarias en Costa Rica desde octubre
Si no se llega a un acuerdo, el juez establecerá un monto provisional en 24 horas, lo que contrasta con el sistema anterior, donde este análisis podría extenderse por meses.
Redacción
Publicado: septiembre 18, 2024
A partir del 1 de octubre de 2024, el sistema de pensiones alimentarias en Costa Rica sufrirá importantes modificaciones con la entrada en vigor del nuevo Código Procesal de Familia, buscando agilizar los procesos y favorecer acuerdos entre las partes.
El cambio más significativo es la reorganización del proceso actual. Tras presentar la demanda de pensión alimentaria, los juzgados tendrán 10 días hábiles para convocar a las partes a una conciliación. Si no se llega a un acuerdo, el juez establecerá un monto provisional en 24 horas, lo que contrasta con el sistema anterior, donde este análisis podría extenderse por meses.
¿Qué otros cambios se implementarán?
Además, la demanda podrá presentarse tanto de manera oral como escrita, y quienes no cuenten con recursos podrán recibir asistencia legal gratuita por parte de la Defensa Pública. Si las partes aceptan el monto establecido por el juez, se procederá directamente a la ejecución de los pagos. Sin embargo, si hay desacuerdos, se convocará una audiencia en un plazo de 15 días para llegar a un consenso.
Las apelaciones también verán cambios: si ninguna de las partes se opone a la resolución, se ejecutará de inmediato. Si hay apelación, las partes contarán con cinco días hábiles para presentar el recurso, pero el pago de la pensión no se suspenderá.
Consecuencias por incumplimiento
El código también establece sanciones más claras para quienes incumplan los pagos. La primera vez que no cumplan con la pensión, podrían enfrentar dos meses de prisión, la segunda vez cuatro meses, y la tercera seis meses.
Beneficios del nuevo sistema
Este nuevo marco legal sustituirá la actual Ley de Pensiones Alimentarias, y todo lo relacionado con derechos de cónyuges, niños y adolescentes se integrará al Código de Familia, mientras que los procesos judiciales quedarán bajo el Código Procesal de Familia. Estos cambios buscan proteger los derechos de los más vulnerables y mejorar la eficiencia en la resolución de estos casos.
