¿Censura total en Nicaragua? La ley que castiga con cárcel las publicaciones contra el gobierno
Redacción
Publicado: septiembre 11, 2024
Nicaragua Endurece Sanciones por Publicaciones en Redes Sociales
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este miércoles una controvertida ley que impone penas de hasta cinco años de prisión por publicaciones en redes sociales que critiquen al gobierno del presidente Daniel Ortega. La nueva legislación ha sido duramente criticada por los medios opositores, que la etiquetan como una «ley mordaza».
Restricciones a la Libertad de Expresión
Esta ley, que modifica la normativa sobre ciberdelitos de 2020, establece sanciones severas para quienes, tanto dentro como fuera del país, publiquen contenido en redes sociales que genere «alarma, temor, pánico o zozobra» entre los ciudadanos. Además de las penas de prisión, la nueva norma incluye multas significativas.
El parlamento, dominado por el gobierno de Ortega, justifica la ley como una medida para fortalecer la prevención y el enfrentamiento de delitos cometidos a través de tecnologías informáticas y redes sociales. Según el comunicado oficial, también se castigará a los «autores intelectuales, cooperadores necesarios, cómplices y cualquier persona que facilite la comisión de estos delitos», sin importar su nacionalidad.
Críticas y Consecuencias
La oposición acusa al gobierno de usar esta ley para legalizar la censura y reprimir la libertad de expresión en las plataformas digitales. Esta medida se suma a una reciente reforma del código penal que impone penas de hasta 30 años de prisión y confiscación de bienes para aquellos acusados de «delitos contra el Estado» en cualquier parte del mundo.
Desde las protestas de 2018, que resultaron en más de 300 muertos según la ONU, el gobierno de Ortega ha intensificado la represión. Ha cerrado aproximadamente 5,500 ONG y confiscado sus activos, lo que ha llevado a miles de nicaragüenses al exilio y a la expulsión de cientos más.
Impacto y Futuro
La nueva ley entrará en vigor una vez publicada en el diario oficial La Gaceta. La comunidad internacional y los defensores de los derechos humanos están observando de cerca cómo esta normativa afectará la libertad de expresión y el clima político en Nicaragua.
