Necesidad urgente de proteger a los consumidores financieros ante el acoso de acreedores
La falta de protección para los consumidores de servicios financieros, en particular aquellos que enfrentan prácticas de cobranza agresivas, se ha convertido en una deuda pendiente en Costa Rica, según Cinthya Zapata, directora de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Para ella, el país debe avanzar en la aprobación de un proyecto de ley que ponga fin al acoso por parte de acreedores y terceros involucrados en la recuperación de deudas.
Zapata destacó que, a pesar de que muchas instituciones afirman proteger al consumidor, la realidad es que este sector se encuentra altamente vulnerable frente a amenazas y presiones constantes. «Es una deuda histórica que debemos saldar. No solo es un compromiso con la OCDE, sino con los ciudadanos que siguen siendo desprotegidos en estas situaciones», comentó.
La necesidad de un órgano especializado
Uno de los principales puntos de preocupación para la representante del MEIC es que no se han otorgado las competencias necesarias a la institución en temas de cobranza. «Requerimos un organismo especializado que pueda atender este tipo de problemas», enfatizó Zapata. Aunque las quejas por prácticas de acoso son frecuentes, en los últimos cuatro años solo se han registrado 75 denuncias formales en la Oficina de Defensa del Consumidor. Esto, según la directora, representa apenas una pequeña fracción de los casos reales, ya que muchos consumidores temen denunciar.
«Es solo la punta del iceberg. Necesitamos mejores mecanismos de denuncia y apoyo, porque actualmente no estamos alcanzando a todos aquellos que se sienten angustiados y presionados por estas gestiones», añadió.
El proyecto de ley en discusión
En una reunión con la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Zapata analizó el proyecto de ley que busca sancionar las prácticas de acoso cobratorio. Si bien consideró que la propuesta es un paso en la dirección correcta, sugirió mejoras importantes. Una de sus principales observaciones es que el proyecto solo contempla el acoso telefónico, dejando fuera otros medios de contacto, como las redes sociales.
«La meta es eliminar las prácticas de acoso en cualquier medio de comunicación. También es crucial definir el horario en el que estas gestiones pueden realizarse, asegurando que sean solo en horas laborales», explicó la funcionaria.
Zapata también destacó la importancia de modificar algunos términos del proyecto, recomendando que se utilice el concepto de productos financieros, en lugar de productos económicos, para dar mayor precisión a la ley. Asimismo, subrayó la necesidad de regular a las personas o entidades que gestionan cobros como un servicio externo de las entidades financieras.
Un problema de larga data
Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), recordó que este problema lleva años afectando a los consumidores. Desde 2018, su entidad ha hecho pública la lista de oficinas de cobranza que emplean métodos agresivos. Montero también destacó que muchas de estas prácticas se presentan en instituciones no reguladas, lo que agrava la situación.
La urgencia de abordar este tema es evidente, y tanto el MEIC como otras instituciones buscan soluciones concretas para proteger a los consumidores de prácticas abusivas que les generan angustia y presión indebida.