¡La justicia actúa! Adulto mayor logra fallo a su favor para reducir pensión de ₡1 millón a su hijo
¿Puede un pensionado con problemas de salud seguir pagando una pensión alimentaria millonaria? La Sala IV dice: ¡No tan rápido!
Un hombre de 70 años, que enfrenta varios problemas de salud, ha recibido un importante respaldo por parte de la Sala Constitucional. Este adulto mayor, obligado a pagar una pensión alimentaria de ₡1 millón a su hijo, solicitó la intervención de los magistrados al argumentar que sus circunstancias económicas han cambiado drásticamente tras su jubilación.
El caso llegó a la Sala IV después de que el pensionado presentara un recurso de habeas corpus, señalando que su petición para reducir la cuota alimentaria no había sido resuelta, a pesar de sus constantes gestiones ante la Contraloría de Servicios del Poder Judicial en Heredia.
El fallo de la Sala Constitucional: Un alivio en cinco días
El fallo de la Sala IV fue claro y contundente. Los magistrados fallaron a favor del hombre, ordenando al Juzgado de Pensiones Alimentarias de Sarapiquí que resuelva la solicitud de rebajo de pensión en un plazo máximo de cinco días hábiles. El juez David Acuña Marín, o quien ocupe su lugar, tiene la responsabilidad de coordinar y ejecutar las acciones necesarias para dar cumplimiento a esta resolución.
El principio pro sentencia y las consecuencias de su incumplimiento
Este caso subraya la importancia del principio pro sentencia, que busca garantizar que las resoluciones judiciales sean emitidas de manera expedita. La Sala IV advirtió que el incumplimiento de esta orden podría acarrear sanciones severas, incluyendo penas de prisión de tres meses a dos años, o multas de veinte a sesenta días para aquellos que desoigan las directrices emanadas de un recurso de habeas corpus.
Una historia de lucha por la equidad
El fallo a favor de este adulto mayor es un recordatorio de que las circunstancias económicas y de salud deben ser consideradas en la determinación de pensiones alimentarias, especialmente cuando se trata de personas que han pasado a una etapa de retiro. La justicia ha respondido a su llamado, garantizando que su caso sea atendido de manera justa y oportuna.