OIJ Demandan Modificaciones Legales para Agilizar Búsqueda de Desaparecidos
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En medio del doloroso caso de Kimberly Araya, cuya desaparición terminó en tragedia, el director del OIJ, Randall Zúñiga, clama por cambios legales que agilicen la búsqueda de personas extraviadas. Este llamado se produce tras una serie de obstáculos encontrados por las autoridades durante la investigación de desapariciones.
Zúñiga destaca la necesidad de un marco regulatorio que permita intervenir comunicaciones en casos de desapariciones, una herramienta vital para ubicar a las personas tras las primeras horas de ausencia. Actualmente, la ley no faculta a los investigadores para tomar esta medida, lo que dificulta enormemente las indagaciones.
La falta de esta herramienta legal, según Zúñiga, resta músculo a los agentes investigadores, quienes se enfrentan a situaciones donde cada minuto cuenta para dar con el paradero de los desaparecidos. Además, subraya la necesidad de eliminar las distinciones entre delitos como el homicidio calificado y simple, argumentando que al final, todas las desapariciones involucran la muerte de una persona y merecen igual atención.
En otro contexto, surgen cuestionamientos sobre la diferencia de tiempo en la resolución de casos de desapariciones, como el de Nancy Chacón, comparado con el de Kimberly Araya. El OIJ defiende que cada caso es único y complejo, y que los recursos y esfuerzos dedicados son iguales en ambos casos.
En cuanto a la legislación, la diputada Carolina Delgado, presidenta de la Comisión Legislativa de la Mujer, reconoce la importancia de hacer ajustes para combatir la violencia de género y encontrar a mujeres desaparecidas. Sin embargo, enfrenta resistencia, especialmente del Poder Judicial, que argumenta un posible colapso del sistema de justicia ante reformas que adelanten el testimonio y la recolección de pruebas en casos de violencia sexual.
A pesar de estos obstáculos, Delgado insiste en la necesidad de cambiar la visión del Estado y las instituciones que atienden estas situaciones, priorizando el bienestar de las víctimas sobre las preocupaciones burocráticas.