Atención: Así aplicará el impuesto de renta para el pago retroactivo que realizarán este mes
La noticia que alegró a los empleados públicos la semana pasada, referente al pago retroactivo por aumentos salariales no otorgados desde 2020, se ha visto empañada por un inesperado inconveniente.
La noticia que alegró a los empleados públicos la semana pasada, referente al pago retroactivo por aumentos salariales no otorgados desde 2020, se ha visto empañada por un inesperado inconveniente.
Aunque el Gobierno anunció este beneficio, muchos funcionarios se enfrentan ahora a un mayor impuesto sobre la renta, incluso aquellos que no solían estar sujetos a este gravamen.
La situación se complica para un considerable número de trabajadores, ya que, debido a este pago retroactivo, se les impondrá un impuesto adicional sobre la renta. Este panorama incluye a personas con salarios inferiores al mínimo establecido por el Ministerio de Hacienda para este tipo de gravamen, que ahora, por primera vez, deberán afrontar esta carga fiscal.
Según las estimaciones de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), aquellos que reciben el salario mínimo en instituciones estatales obtendrán un pago retroactivo de entre ¢350,000 y ¢400,000, dependiendo de si se realiza en marzo o abril. Por ejemplo, los oficiales de Fuerza Pública con el salario mínimo actual de ¢708,091 recibirán más de ¢1,000,000 en marzo.
Sin embargo, la realidad fiscal es que cualquier persona que gane más de ¢929,000 y menos de ¢1,363,000 al mes deberá pagar el impuesto sobre la renta según las leyes tributarias vigentes. En el caso de los funcionarios que se encuentren en este rango salarial, el Estado deducirá automáticamente el 10% de lo que iban a recibir, resultando en un impacto significativo en sus ingresos.
Albino Vargas, secretario general de la ANEP, considera esta situación injusta y critica que, después de años de retraso en el pago de aumentos salariales, muchos funcionarios se vean afectados por este descuento fiscal. Vargas destaca la posible afectación a empleados públicos con salarios más bajos, como policías, maestros y técnicos.
Esta nueva situación plantea interrogantes legales, y Vargas sugiere que los afectados podrían considerar acciones legales contra el Estado por el pago de intereses y la devaluación de los pagos retroactivos.
La demora en el ajuste salarial se remonta al segundo semestre de 2019, cuando la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público definió un reajuste salarial de ¢7,500 para principios de 2020. Sin embargo, las remuneraciones no se incrementaron y, en abril de 2020, el expresidente Carlos Alvarado congeló los salarios de los colaboradores estatales debido a la crisis del COVID-19. Ahora, el actual presidente, Rodrigo Chaves, ha anunciado que se efectuará el aumento y el pago retroactivo antes del 15 de abril de este año.