Diputados del PUSC y Nueva República no podrán impedir el matrimonio igualitario
Los diputados piden que solo se reconozca bajo la figura de “unión civil” y no matrimonio.
Redacción
Publicado: septiembre 26, 2019
El 26 de mayo del 2020 se cumplirán los 18 meses que le dio la Sala Constitucional a la Asamblea Legislativa para crear un marco legal que regule el matrimonio igualitario.
Esto en el marco de dos acciones presentadas contra el Código de Familia en la Sala IV y de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en enero del año anterior.
Propuesta busca no reconocer “matrimonios”
Por este motivo, las bancadas del Partido Unidad Social Cristiana y de la agrupación Nueva República promueven un proyecto de ley que propone utilizar la figura “Unión Civil” en vez de la de “Matrimonio” para las personas del mismo sexo en los próximos meses.
El texto del proyecto de Ley no ha sido oficialmente presentado, pero el borrador circula en los pasillos del Congreso. El objetivo del mismo es promover la figura de “Unión Civil” pues es la que mejor se adapta, según los congresistas firmantes, al clima social del país.
La Jefa de fracción del PUSC dijo al medio Semanario Universidad que la mayoría de partidos estaban involucrados en la firma del proyecto para llevarlo a corriente legislativa y proceder con su votación, a excepción del Frente Amplio representado por José María Villalta.
Oficialistas reprochan iniciativa
El diputado oficialista Enrique Sánchez manifestó que la figura jurídica correcta es la de “Matrimonio Civil Igualitario”, porque es la única figura que pasa el test de constitucionalidad.
“Basta de intentar lucrar políticamente con los derechos de la población LGBTI”, manifestó el diputado del PAC en su cuenta de Facebook, haciendo referencia a que el borrador busca que el matrimonio igualitario sea un debate en las elecciones municipales del 2020.
Propuesta no tendría ningún efecto
La propuesta realizada por el PUSC y los diputados independientes no tendría ningún efecto, ya que es inconstitucional.
La propuesta que analizan los legisladores no cumple con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
