Diputados reviven proyecto para evitar que deudores de pensiones alimenticias vaya a la cárcel
El objetivo central de este proyecto es evitar que las personas obligadas a pagar pensión alimentaria sean enviadas a prisión si pueden demostrar que han conseguido empleo o que tienen la intención de buscarlo.
Redacción
Publicado: agosto 2, 2023
Una importante mayoría de diputados en el plenario legislativo ha dado luz verde a una moción trascendental: la propuesta de Nueva República para modificar las condiciones del apremio corporal por pago de pensiones alimenticias, contenida en el expediente legislativo 21.540, ha sido aprobada para extender su vigencia por cuatro años adicionales.
El objetivo central de este proyecto es evitar que las personas obligadas a pagar pensión alimentaria sean enviadas a prisión si pueden demostrar que han conseguido empleo o que tienen la intención de buscarlo.
El artículo 5 de la propuesta, denominado «Suspensión de medidas de apremio corporal», establece que cuando una persona con una orden de apremio corporal por no pago de pensión demuestre que ha sido contratada por cualquier empleador, ya sea público o privado, el juzgado correspondiente deberá dejar sin efecto dicha orden en un plazo máximo de cinco días hábiles, a partir de la presentación de los documentos que prueben la relación laboral.
Fabricio Alvarado, jefe de fracción de Nueva República, explicó que esta iniciativa busca favorecer a padres responsables que, por situaciones particulares, no han podido cumplir con sus obligaciones, pero que pueden demostrar su interés en ponerse al día con los pagos.
El texto actual del proyecto también contempla que el Estado, a través de sus instituciones, ofrecerá programas especiales de capacitación y formación para aquellas personas que se encuentren bajo apremio corporal por deuda alimentaria y que, debido a su falta de preparación académica o habilidades técnicas, no califiquen para las bolsas de empleo.
La moción para extender la vigencia de este proyecto por cuatro años recibió el respaldo de la mayoría de las bancadas parlamentarias, con la única excepción del Frente Amplio (FA), que argumentó que el enfoque del proyecto está equivocado.
