Procuraduría solicita débil sanción a ex fiscal que desestimo acusaciones contra su amigo Celso Gamboa
A Gamboa se le había denunciado por abuso de autoridad, prevaricato, desobediencia e incumplimiento de deberes, pero Jorge Chavarría desestimó todo y ahora le piden esta ridícula sanción por «daño social».
Dylan Gomez
Publicado: junio 3, 2019
Este lunes se llevaba a cabo una audiencia para establecer conclusiones en el caso contra el ex fiscal general Jorge Chavarría, por incumplimiento de deberes al no inhibirse de conocer dos causas penales contra el exmagistrado Celso Gamboa, mismas que por lo contrario terminó desestimando pese a las múltiples dudas de la población en general.
Amistad entre ambos era clara
«Consideramos que don Jorge debió inhibirse desde el principio, porque es una cuestión de transparencia, de trabajar con claridad y cuando usted conoce a una persona evidentemente hay aspectos de carácter subjetivo, emocional que pueden influenciar en sus resoluciones”, declaró Miguel Cortés Chaves, abogado defensor del Estado, mientras presentaba su caso contra el presunto defensor de Celso Gamboa.
Según la acusación del Ministerio Público, Gamboa y Chavarría mantenían una estrecha relación que llegaba fuera de lo laboral mientras Celso fungía como Ministro de Seguridad, por lo que pudo haber influido a Jorge en su decisión de desestimar las causas y dejara sin consecuencias legales al ex ministro por sus acciones presuntamente cometidas.
Graves acusaciones desestimadas
Desde el 2014, Gamboa recibió acusaciones por aparente prevaricado, desobediencia en perjuicio de la Autoridad Pública, abuso de poder e incumplimiento de sus deberes dentro e la función pública. No obstante, las dos denuncias fueron desestimadas en Sala Tercera por solicitud del ex fiscal Chavarría alegando que «los hechos que se le atribuyen al Ministro Gamboa Sánchez, no concurren los elementos típicos de los delitos acusados”.
Por estas desestimaciones infundadas, a Chavarría se le ha solicitado la modesta suma de ¢5 millones por parte de la Procuraduría General de la República, por concepto de “daño social” al pueblo costarricense, algo que ha sido sumamente criticado por diferentes sectores que creen es una sanción muy ligera la que se le pone por un delito de esta gravedad.
