Asamblea Legislativa exige vacuna contra Covid-19 a sus funcionarios
Mandato de vacunación entra en vigor este lunes 1° de noviembre.
La Asamblea Legislativa exige que todos sus funcionarios estén vacunados contra la Covid-19. La medida entra en vigor a partir de este lunes 1° de noviembre.
Así lo indica un acuerdo tomado por el Directorio Legislativo el pasado 27 de octubre donde se estipuló agregar un artículo bis al Reglamento Autónomo de Servicio de la Asamblea Legislativa con el fin de aplicar la obligatoriedad de la vacuna anticovid.
“Se exigirá la comprobación de la vacuna contra la Covid-19, al personal regular y de confianza de la Asamblea Legislativa, así como a los que laboran de manera ad honorem; salvo que por contraindicación médica, debidamente declarada por el especialista tratante, no les sea posible recibirla”, indica el escrito.
Del 1º al 4 de noviembre, el personal de salud del Primer Poder de la República visitará los departamentos administrativos y los despachos de fracciones políticas, para verificar los comprobantes de vacunación.
Esta verificación se realizará por medio de la presentación del carné de vacunas y visualización del EDUS respectivo, o por medio del certificado de vacunación del Ministerio de Salud. Si la certificación está en trámite se informará para el seguimiento respectivo.
El lunes 15 de noviembre el Departamento de Salud de la Asamblea Legislativa dará un informe al Directorio Legislativo, sobre el estado de la vacunación en la entidad. Los datos serán cuantitativos sobre vacunados, no vacunados o sin haber entregado el comprobante de vacunación.
De no existir comprobante de vacunación ni de contraindicación médica y el funcionario se rehúsa a vacunarse, se realizará una sesión de convencimiento a cargo del Departamento de Salud. Después se le programará al no vacunado una cita, que no excederá los cinco días, para que se le aplique el biológico anticovid.
Si el trabajador se niega a asistir a la cita de la vacunación se expone a un procedimiento administrativo, además, se le darían seis días adicionales para que se vacune, o bien, complete su esquema de vacunación.
“Se le advertirá que su incumplimiento injustificado, reiterado y manifiesto, podrá ser motivo de las medidas disciplinarias contenidas en la legislación nacional e institucional, previo debido procedimiento administrativo”, explica el acuerdo.
Quienes continúen con la negativa de ser inoculadores recibirán una multa equivalente a un salario base, el cual es de ₡462.000. En el caso de los funcionarios ad honorem, se les revocará su designación.
Según informó el periódico La Nación, la vacunación no puede ser obligatoria para todos los congresistas, esto pese a que la gran mayoría ya cuenta con el esquema de vacunación completo. El diputado del Partido Restauración Nacional (PRN), Melvin Núñez, se niega a aplicarse la vacuna.
De acuerdo con una consulta que realizó el Congreso al Tribunal Supremo de Elecciones, no se le puede suspender la credencial de diputado por la falta de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2.