Sindicatos manifiestan su oposición a ser notificados por correo electrónico, pues aseguran “genera desigualdad”
Desde hace una semana ha entrado en sesión la Comisión legislativa que estudia el derecho a huelga, con el propósito de analizar el proyecto 21 049, el cual propone ciertas modificaciones a la Ley Procesal Laboral en materia de paro de labores o huelga.
Una de las reformas propuestas en dicho proyecto, el cual fue presentado por Liberación Nacional, es la notificación de ciertas situaciones a los sindicatos sobre la legalidad o ilegalidad de una huelga a través de un correo electrónico en primera instancia. La dirección electrónica deberá estar respectivamente inscrita ante el Poder Judicial y actualizada.
“En caso de incumplimiento de este requisito, las resoluciones que se dicten se tendrán por notificadas de manera automática”, menciona un extracto del documento que contiene el proyecto de Ley.
Diputado y sindicatos se oponen
Sin embargo, el diputado del Frente Amplio que también es parte de esta comisión, Jose María Villalta, ha manifestado su oposición a este proyecto y específicamente a esta medida, pues asegura que genera desigualdad porque los empleados seguirán siendo notificados por la Ley de Notificaciones.
Además, Marcela Castro ha dicho en su papel de asesora legal del ANDE en la comisión que esta medida sería una violación a la autonomía sindical y les recordó que la Ley de Notificaciones establece que antes de un aviso por correo electrónico se requiere una notificación presencial.
Algunas de las medidas más destacadas que propone dicho proyecto son las siguientes:
- Sindicatos tienen 24 horas para defenderse ante una petición de ilegalidad de una huelga
- Disolución de sindicatos sin bloquean el libre tránsito
- Busca reducir el tiempo de resolución de una huelga
- Rebajo de salarios en forma retroactiva si se declara ilegal
Sindicatos consideran que proyecto es una revancha
La comisión tendrá 4 meses para encontrar una resolución a este proyecto y hacerle las correcciones pertinentes, mientras los sindicatos al unísono han solicitado que se deseche la iniciativa por considerarla represiva y una revancha tras el fracaso de la pasada huelga contra el plan fiscal que duró 3 meses.