“Las paredes se restauran, las vidas de las mujeres no volverán”, asegura colectivo
El Movimiento Aborto Legal Costa Rica aseguró que los grafitis son un mecanismo de expresión colectiva que no debe recibir ninguna sanción penal.
Redacción
Publicado: marzo 10, 2021
Por medio de un comunicado de prensa, el Movimiento Aborto Legal Costa Rica, uno de los colectivos que participó en la marcha del 8M, se pronunció sobre las reacciones que se generaron luego de los actos vandálicos que los manifestates dejaron a su paso por la Plaza de la Justicia, en San José.
“Han intentado invisibilizar nuestras consignas y deslegitimar el movimiento enfocando las noticias únicamente en las pintas realizadas en la Plaza de la Justicia. Esta estrategia de criminalización hacia las manifestantes, es utilizada por instituciones como la Fuerza Pública, el Poder Judicial, medios de comunicación y algunos partidos políticos (cuyas agendas son una clara intención antiderechos), con el fin de centrar el foco de discusión en las paredes rayadas y en estigmatizar las manifestaciones feministas y en contra de la violencia sistémica que enfrentamos las mujeres”, indicó la agrupación en el comunicado.
Además, el colectivo aseguró que realizar grafitis en las manifestaciones no tiene por qué ser penado.
“El derecho internacional ha considerado el grafiti en movilizaciones, como un mecanismo de protesta y expresión colectiva que entra dentro de las manifestaciones del derecho a la libertad de expresión y realizarlos no debe ser sujeto a ninguna sanción penal tal como lo establecen numerosos pactos y convenciones regionales e internacionales, como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos”, manifestó el colectivo.
El Movimiento Aborto Legal Costa Rica considera que: “Las expresiones misóginas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Fuerza Pública tienen como objetivo generar un medio de represión mediática contra el derecho a reunión y organización, así como al derecho de libre expresión. Esta situación refleja, además, las intenciones de algunos sectores que pretenden frenar los proyectos que luchan por la autonomía sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos”.
“No es la primera vez, que desde el OIJ, y el Poder Judicial, se hace de forma más expedita posible la criminalización de movimientos sociales y en contra de quienes se manifiestan; mientras los procesos para investigar y sancionar la violencia machista de género contra las mujeres se hace de forma ineficiente”, agregó la agrupación feminista.
El Movimiento, quien presentó a la Asamblea Legislativa mediante la ventanilla de iniciativa popular, la Ley Interrupción Voluntaria del Embarazo aseguró que no abandonará su lucha.
“Las paredes pueden ser restauradas, lavadas, limpiadas; las vidas de nuestras compañeras, familiares y hermanas no. Por ellas seguiremos luchando, por el Ni Una Menos, por el aborto libre, legal, seguro y gratuito y para que el Sistema Judicial tome en serio las vidas de las mujeres”, concluyó el grupo.
