Defensoría de los Habitantes cierra consultorio jurídico para personas de escasos recursos
La defensora Catalina Crespo, asegura que la entidad debe reducir gastos.
Redacción
Publicado: marzo 8, 2021
La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, puso candado al consultorio jurídico a disposición de las personas que no contaban con recursos económicos necesarios para pagar una asesoría legal.
El consultorio jurídico que funcionaba en la Defensoría de los Habitantes, lo integraban una abogada y 20 estudiantes de último grado de la carrera de Derecho que brindaban sus servicios de forma gratuita, como parte de un convenio entre la entidad y la Universidad de Costa Rica (UCR).
Crespo, indicó que la decisión se tomó por la escasez de dinero, indicó que los recortes presupuestarios de este año le impiden mantener el convenio que tenía un costo anual de 15 millones de colones.
Por medio de un comunicado de prensa, la defensora explicó que la Defensoría no puede disponer de los 15 millones de colones previstos en el Presupuesto Nacional del 2021 para continuar otorgando la asesoría legal gratuita a los ciudadanos.
“Ante los fuertes recortes presupuestarios aplicados a la Defensoría de los Habitantes para este año, de ¢259 millones de colones; la institución se ha visto en la urgencia de continuar prestando sus servicios con menos fondos; razón por la cual ha tenido que implementar acciones de bajos costos pero con alto impacto”, indica parte del comunicado que la defensoría envió la tarde de este lunes
“En esa necesidad de hacer una gestión más eficiente de los recursos la Defensoría, ha tenido que tomar decisiones como suspender el convenio que mantenía con la Universidad de Costa Rica (UCR) con un costo para la institución de ¢15.059.156 por el funcionamiento de los Consultorios Jurídicos”, agrega el documento.
La defensora tomó la decisión pese a que en 2020, los diputados aprobaron en el presupuesto una partida para mantener el convenio con la UCR que existe desde la década de los años 90.
De acuerdo con datos suministrados por la Defensoría, el consultorio jurídico brindaba asesoría a unas 600 personas al mes y cuenta con 200 procesos penales abiertos , los cuales luego de la decisión de Crespo, quedarán a la deriva.
