Diputada sobre quitar exoneración a altos salarios escolares: ‘busca empobrecer el bolsillo de los costarricenses’
Además, Franggi Nicolás se opone a que grandes cooperativas tengan que pagar impuestos pese a sus millonarias ganancias
Uno de los proyectos insignia del gobierno para poder acceder al crédito de $1.778 millones del FMI es la Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajustes de Tarifas en Rentas de Capital (exp 22.369), en donde se busca aumentar la recaudación fiscal para hacerle frente a la crisis provocada por el COVID-19.
Además de la búsqueda de homologar el impuesto a las rentas y ganancias de capital, las dos claves (y polémicas) del proyecto se centran en quitar la exoneración al llamado salario escolar del que gozan cientos de miles de empleados públicos, aplicando el impuesto sobre la renta para aquellos que reciban más de ¢840.000 por este rubro.
Por otra parte, también se busca eliminar la exoneración de impuestos de la que gozan cooperativas y asociaciones de desarrollo, mismas que lograron que las dejaran exentas durante la negociación del plan fiscal a finales del 2018, causando gran revuelo entre quienes exigían que paguen impuestos como toda empresa que genera altas ganancias, pues solo pagan impuestos sobre los excedentes de sus ahorros.
Plan del gobierno ya encuentra sus primeros obstáculos
Todo el movimiento cooperativista ha condenado el proyecto alegando que golpea sus organizaciones pues “ya pagan miles de millones en renta”, a pesar de que grandísimas cooperativas generan miles de millones en ganancias que siguen sin pagar ni un colón en impuestos.
Una de las opositoras al proyecto es la diputada Franggi Nicolás, quien en una entrevista realizada esta semana alegaba que medidas como quitar la exoneración a altos salarios escolares lo que buscan es “empobrecer el bolsillo de los costarricenses” y recrimina el que quieran “golpear organizaciones como las cooperativas” pues considera que son fundamentales para la reactivación económica. Este pensar también es compartido por parte de la bancada verdiblanco y otros congresistas de oposición.
De momento el proyecto no ha salido de Comisión, en donde sigue siendo discutido y se encuentra en fase de audiencias para realizar consultas a partes involucradas como el MIDEPLAN, el Ministerio de Hacienda, entre otros.