Alrededor de 50 representaciones obrero-laborales de igual número de municipalidades del país se manifestará este lunes 22 de febrero a partir de las 9:00 a.m. frente a la Asamblea Legislativa.
Se trata de dirigentes sindicales de base que representan a igual número de juntas directivas de las seccionales de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en igual número de gobiernos locales.
La manifestación se debe a la fuerte oposición al expediente legislativo No. 21.336, Ley Marco de Empleo Público; y, en lo específico, exigirán la exclusión del régimen municipal del mismo.
“Abrumadora mayoría de alcaldes, de alcaldesas, de concejos municipales, han venido expresando su crítica y oposición a lo que se considera un nuevo ataque del Gobierno Central de la República por controlar la acción político-ejecutiva y financiera de las municipalidades”, indica parte del comunicado de la ANEP suscrito por Albino Vargas Barrantes, secretario general de la entidad y Wálter Quesada Fernández, secretario general adjunto de la institución sindical.
“Aparte del mundo obrero municipal, entidades como la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), manifiestan clara oposición al indicado proyecto de ley, pues atenta, como nunca antes había ocurrido, a la autonomía constitucional del régimen municipal”, agrega el documento.
La ANEP asegura que: “Los salarios de las personas trabajadoras asalariadas estatales no son responsables del déficit fiscal; mucho menos, la clase trabajadora asalariada de las municipalidades”.
Ley Marco de Empleo Público
Esta iniciativa pretende ahorrar entre ₡240 mil y ₡400 mil millones al año de acuerdo a las estimaciones realizadas por la ministra de Planificación y Política Económica, Pilar Garrido.
En caso de aprobarse la ley de empleo público, los mejores salarios del sector público solo podrían aumentar por costo de vida y no por pluses salariales.
La iniciativa generaría un ahorro millonario a la planilla del Estado, esto sin importar en cuál institución trabajen los funcionarios y sin tomar en cuenta si son nuevos trabajadores o tienen varios años de laborar con el Estado.
