INS despide a exministra por beneficiar a personas allegadas con puestos públicos
Es la segunda vez que la entidad cesa a Cristina Ramírez Chavarría.
Redacción
Publicado: enero 15, 2021
Este jueves, el Instituto Nacional de Seguros (INS) despidió a la funcionaria y exministra de Justicia y Paz, Cristina Ramírez Chavarría, por ejecutar actos para beneficiar a sus allegados con puestos públicos.
A principios del 2020, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), le ordenó al INS cursar un procedimiento disciplinario contra Ramírez, luego de presentar una denuncia penal contra ella por los presuntos delitos de tráfico de influencias, fraude de ley en la función pública administrativa y peculado de uso, por hechos que estaban relacionados con la contratación de los servicios de dos personas, por medio de la subsidiaria INS Servicios S.A. que ocurrieron cuando Ramírez, ejercía como directora jurídica del INS.
Por medio de un comunicado de prensa, la aseguradora estatal indicó que luego de concluir la respectiva investigación y después de haber conocido el descargo, el órgano externo responsabilizó a Ramírez de ejecutar: “actos para beneficiar a personas allegadas con puestos públicos».
La entidad no dio más detalles en el comunicado de cómo se dieron esas ventajas: “A partir de este momento, queda deshabilitada para el ejercicio profesional del cargo que ejecutaba en representación de este Instituto”, indicó el documento.
Primer despido
Esta es la segunda ocasión en la que la abogada, Ramírez Chavarría, es separada de su cargo por la aseguradora estatal en los últimos dos años.
En julio de 2017, Ramírez fue nombrada como directora de la Dirección Jurídica del INS, se mantuvo en el cargo hasta octubre del 2018, cuando fue suspendida, con goce de salario, por las investigaciones que se realizaban en su contra.
Según tuvo por probado el órgano director que llevó ese proceso, la abogada, incurrió en conductas de acoso laboral contra siete funcionarios de esa dependencia. Esas conductas incluían: desprotección laboral, abuso de poder, maltrato verbal, amenazas, entre otros.
Sin embargo, Ramírez activó una solicitud de medida cautelar ante el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José y otra ante el Juzgado de Trabajo de Cartago. Con esta última, la abogada logró en enero del año anterior su reinstalación.
La jurista se incorporó al INS en julio del 2015 por decisión del entonces presidente de la República, Luis Guillermo Solís.
