Bloqueo de señal celular ya se implementó en todas las cárceles de Costa Rica
Son 20 los centros penales intervenidos, indicó la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar.
Redacción
Publicado: enero 4, 2021
El Ministerio de Justicia y Paz, anunció la mañana de este lunes que la implementación del bloqueo de la señal celular en los centros penitenciarios nacionales ya se ejecutó en todas las cárceles del país como se anunció el año anterior.
La ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas, aseguró que se está bloqueando toda actividad celular dentro de los centros penales. Esto no afecta a la señal celular fuera de los reclusorios.
“El primer centro que experimentó el bloqueo celular inició la primera semana de octubre de 2020. El bloqueo se da en llamadas, mensajes de texto, voz e Internet, tanto para entradas como salidas”, explicó la jerarca.
Son 20 los centros de atención institucional intervenidos, indicó Salazar.
Si los privados de libertad necesitan realizar una llamada, pueden hacerla por medio de los teléfonos públicos dentro de las cárceles, esto gracias a la colaboración del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), indicó la entidad.
“Gracias a que se promulgó una ley que le daba nueve meses a los operadores privados para implementar una solución tecnológica que evitara las llamadas y eliminar esto, el bloqueo celular ya está en funcionamiento«, manifestó la ministra.
De acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), durante el 2019 se recibieron 1.770 denuncias por estafas. Al mes de octubre de 2020 habían ingresado 2.184.
Información suministrada por la Policía Penitenciaria indica que en 2020 se realizaron 1.390 decomisos de teléfonos celulares dentro de los penales en todo el país.
El bloqueo de la señal celular, se deriva de la reforma a la Ley General de Telecomunicaciones y de la obligación de que los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones impidan el funcionamiento de los servicios inalámbricos disponibles al público, en el interior de los centros penitenciarios, esto sin afectar el servicio de la población residente y de los usuarios de las zonas cercanas a los centros.
