Inamu: ”Exigir rendición de cuentas a las mujeres en pensiones alimentarias es violencia patrimonial”
Entidad se opone a proyecto que obligaría a justificar pensiones alimentarias con facturas.
Redacción
Publicado: noviembre 10, 2020
A través de un comunicado de prensa, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), manifestó su descontento por una iniciativa de ley que pretende obligar a las madres de familia que reciben una pensión alimenticia rendir cuentas sobre el uso que se hacen del dinero por medio de facturas.
El proyecto que se tramita bajo el expediente 21.702 fue presentado por el diputado Harllan Hoepelman del bloque Nueva República el 19 de octubre pasado.
El texto propone reformar el artículo 171 del Código de Familia, de forma que la persona que realiza el pago de la pensión, el niño mayor de 12 años o el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) puedan solicitar facturas que respalden el uso de los recursos y judicializar cualquier diferencia. De forma que la administración del dinero pueda otorgarse a un tercero, como un familiar cercano o un “garante”.
Ante la iniciativa de ley, la institución indicó que exigir la rendición de cuentas a las mujeres en pensiones alimentarias constituye violencia patrimonial. Además, aseguró que de acuerdo con datos del Observatorio de Género del Poder Judicial, en Costa Rica existen 189.927 expedientes de pensiones alimentarias activos, con un monto promedio de apenas 102.671 colones por caso, no por persona beneficiaria.
“A esa realidad, se suma la evidencia que arroja la Encuesta de Mujeres, Niñez y Adolescencia (EMNA) de 2018 y del Observatorio de Género del Poder Judicial que indican que las mujeres son quienes históricamente quedan a cargo de las personas menores de edad, adultas mayores y personas con discapacidad, lo que constituye una sobrecarga no solo del cuido, sino económica a las mujeres”, indicó el comunicado.
“Esa realidad nacional no se refleja en el proyecto de ley 21.702 que se tramita actualmente en la Asamblea Legislativa y prevé que las mujeres deban demostrar los gastos en que incurren para sus hijas e hijos con la pensión alimentaria que reciban, a pesar los bajos montos que se fijan”, agregó.
El Inamu, señaló que el proyecto sería difícil de aplicar porque en el país es frecuente que los alimentos se compren en pulperías u otros comercios que, dada su naturaleza tributaria de régimen simplificado, no tienen el deber de emitir factura.
La entidad aseguró que el ordenamiento jurídico ya cuenta con vías para judicializar la situación en caso de que el dinero de la pensión alimentaria no esté siendo bien utilizado.
La institución también afirmó que de aprobarse el proyecto implicaría una mayor carga de trabajo para los juzgados de pensiones alimentarias que con todo esfuerzo tratan de tramitar casi 200 mil expedientes activos en todo el país.
“Debido a esto, desde el Inamu hacemos un llamado a las personas diputadas para que no se apruebe el proyecto de ley 21.702 y se valore la posibilidad de aprobar otras alternativas más idóneas para resguardar el derecho de las personas menores de edad, adultas mayores o con discapacidad, sin ir en detrimento de los derechos de las mujeres”, finalizó el pronunciamiento.
